El anunciado cierre de Agua Dulce encontró a la Defensoría del Pueblo como su más tenaz opositor. Mediante un pronunciamiento público la DP le pide a la municipalidad de Chorrillos garantizar el libre acceso a dicha playa caso contrario se afecta el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos.

En el docuemento la defensoria solicita a la Policía Nacional del Perú garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y el libre acceso a las playas.

«De no ser acatadas las recomendaciones la Defensoría del Pueblo, de procederá a disponer las acciones legales a los que infrinjan la ley de manera deliberada», precisa el comunicado cuyo texto completo reproducimos a continuación:

C O M U N I C A D O

La Defensoría del Pueblo expresa su rechazo al cierre de la Playa Agua Dulce, dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos, y exhorta a garantizar el libre acceso a este espacio público, así como a asumir su responsabilidad enla gestión de limpieza y mantenimiento.

La institución recuerda que las playas son bienes de dominio público, de uso irrestricto para la población, y que la responsabilidad de su limpieza y conservación no puede ser trasladada exclusivamente a la ciudadanía.

Si bien la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos constituyen fines de interés público, la restricción total del acceso a un espacio público como la playa resulta desproporcionada, debiendo ser evaluada previamente, a través de medidas menos restrictivas que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera que el cierre de la playa Agua Dulce vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental.

1. Sobre la naturaleza jurídica de las playas y las competencias municipales

De conformidad con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 26856, las playas del litoral constituyen bienes de dominio y uso público, inalienables e imprescriptibles, cuyo acceso es libre y gratuito, siendo deber de la autoridad municipal garantizar su disfrute. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03640-2021-PHC/TC, ha establecido que no pueden imponerse restricciones arbitrarias o desproporcionadas al acceso y uso de estos espacios; sin embargo, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 001-2026-MDCH/ALC, la Municipalidad Distrital de Chorrillos ha dispuesto la restricción del uso de la mencionada playa, medida que debe ser corregida.

Asimismo, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) establece que es función de los gobiernos locales «regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las playas», así como fiscalizar y realizar labores de control respecto de los elementos contaminantes. Por tanto, la gestión de la limpieza y la preservación del entorno natural constituye una obligación indelegable del municipio.

Si bien los gobiernos locales cuentan con competencias en materia de limpieza pública y gestión ambiental conforme, dichas atribuciones deben ejercerse dentro del marco constitucional y respetando los derechos fundamentales de las personas. Las playas, al ser bienes de dominio público, están destinadas al uso libre y común de la ciudadanía.

2. Sobre la medida de cierre y la fundamentación municipal

La Municipalidad Distrital de Chorrillos ha anunciado el cierre de la Playa Agua Dulce para el domingo 15 de febrero de 2026, argumentando la constante acumulación de basura y la falta de civismo de los veraneantes. En su comunicación oficial, la comuna señala que, pese a las campañas de concientización, «no se ha logrado un cambio de conducta» por parte de los visitantes.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera que esta fundamentación traslada indebidamente la responsabilidad legal del municipio hacia los ciudadanos, presentando el cierre como una medida «pedagógica» o sancionadora, cuando la obligación de garantizar la salubridad y el libre tránsito recae en la propia administración edil.

3. Exhortación a la Municipalidad Distrital de Chorrillos

En el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Municipalidad de Chorrillos a lo siguiente:

1. Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 0001-2026-MDCH/ALC que dispone la restricción del uso de playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero del 2026, por ser una medida desproporcionada al derecho de acceso a playas públicas y una elusión de responsabilidad legal municipal respecto del servicio de limpieza pública y fiscalización ambiental.

2. Cumplir efectivamente con su rol de autoridad, implementando un plan integral de gestión de residuos sólidos en el litoral del distrito de Chorrillos, que incluya el incremento de la frecuencia de recojo, la instalación de suficientes contenedores y la fiscalización efectiva de las conductas infractoras, en lugar de optar por el cierre del espacio público.

3. Reconocer que la acumulación de basura, denunciada también por vecinos de zonas como Vista Alegre de Villa, responde a deficiencias estructurales en la prestación del servicio de limpieza pública —como la reducida flota de camiones recolectores—, y no únicamente al comportamiento de los visitantes.

4. Sobre la intervención policial

Respecto al anuncio municipal de contar con apoyo de la Policía Nacional para ejecutar el cierre, la Defensoría del Pueblo recuerda que la fuerza pública debe ser empleada para garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas, no para restringir el acceso a un bien de uso público por causas atribuibles a la gestión municipal.

Asimismo, debe considerarse la gran cantidad de público que acude un día domingo a esta playa tan emblemática durante esta época del año; debiendo adoptarse por ello medidas orientadas a prevenir situaciones de confrontación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

En consecuencia, solicitamos a la Policía Nacional del Perú que, en el marco de sus funciones, actúe garantizando los derechos fundamentales de la ciudadanía y el libre acceso a las playas, velando por la seguridad sin participar en acciones de restricción que contravengan el ordenamiento jurídico vigente.

Por tanto, de no ser acatadas las recomendaciones La Defensoría del Pueblo, de procederá a disponer las acciones legales a los que infrinjan la ley de manera deliberada.

Finalmente, expresamos nuestra disposición para colaborar con el municipio y las entidades competentes en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, sin vulnerar el libre acceso a las playas del litoral.

14/02/2026

En medio de una tormentosa crisis política, moral y social, el pleno del Congreso sesionará este martes 17, a las 10:00 de la mañana, para debatir la moción de censura presentada contra el presidente de la República, José Jerí Oré, quien ejerce el cargo en su calidad de titular del Parlamento Nacional.

La decisión se concretó luego que los legisladores promotores del pedido lograran corregir las observaciones relacionadas a la calidez de sus firmas digitales.

El anuncio lo realizó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi a través de su cuenta de Twitter. Explicó que la moción fue ingresada con 78 firmas, el mínimo requerido para que pueda ser admitida y luego debatida por la representación nacional.

La convocatoria fue oficializada poco después mediante una citación formal dirigida a los 129 parlamentarios en ejercicio. En el documento se señala que “la reunión se realizará de manera presencial el martes 17 de febrero de 2026 a las 10:00 de la mañana”.

La convocatoria que la sesión se realiza “por disposición del señor Presidente encargado del Congreso de la República y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Congreso”.

El lugar escogido para la reunión será el auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el jirón Azángaro, debido a los acondicionamientos que se efectúan en los dos hemiciclos ante la instalación del sistema bicameral.

Con esta convocatoria, el proceso ingresa a su fase decisiva, en la que el pleno deberá evaluar los argumentos y votar si corresponde aprobar o rechazar el pedido de censura.

AGENDA DE LA SESION PLENARIA CONGRESAL

La sesión extraordinaria tendrá como punto central el debate de siete mociones de censura contra Jerí, presentadas por distintas bancadas.

Los argumentos giran en torno a la «inconducta funcional» del presidente encargado, especialmente por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos, conocidas mediáticamente como el caso «Chifagate».

La convocatoria marca un momento decisivo en la crisis política. El Congreso, que había quedado dividido entre quienes exigían el debate y quienes cuestionaban la validez de las firmas, ahora deberá pronunciarse formalmente sobre la continuidad de Jerí en el cargo.

El hecho de que se acumulen siete mociones de censura refleja la magnitud del descontento parlamentario y anticipa un debate intenso. El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas políticas en el pleno Parlamento Nacional.

14/02/2026

El gobierno publicará en los próximos días un nuevo decreto legislativo, en materia de seguridad ciudadana, que incluye medidas estrictas sobre el comportamiento de los internos en todos los centros penitenciarios del país

El ministro de justicia, Walter Martínez, Laura, adelantó que la norma dispondrá el rapado de cabello de todos los internos y el uso obligatorio de uniformes.

«En los próximos días vamos a anunciar ya un nuevo decreto legislativo modificando el Código de Ejecución Penal, creando un nuevo régimen penitenciario, el más duro. Es un régimen especial, en donde se van a establecer, por ejemplo, estas restricciones en las visitas, en las horas del patio, la prohibición de que estén en los pasadizos, en las escaleras», señaló a Radio Nacional.

Martínez precisó también que, como parte de las medidas disciplinarias que están implantando al interior de los penales, se cortará el cabello a todos los reclusos y también deberán usar un uniforme.

Descartó que estas acciones busquen imitar modelos extranjeros y explicó que obedecen estrictamente a razones de salubridad, para prevenir contagios de ciertas enfermedades; y de seguridad, al señalar que hay reos que esconden objetos tales como armas en los cabellos largos.

En el caso de la vestimenta, señaló que esta medida busca que haya una uniformidad y que los internos «entiendan que no puede haber jerarquías dentro de los establecimientos penitenciarios y que todos son tratados por igual».

TRASLADO DE INTERNOS

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) resaltó también que, a la fecha, ya han realizado más de 824 traslados de reclusos a otros penales, para la recuperación del principio de autoridad en dichos establecimientos.

Precisó que, como parte de este reordenamiento, los reos de mayor peligrosidad –como cabecillas de banda, secuestradores y extorsionadores– están siendo derivado a los penales de Challapalca (Tacna), Yanamayo, Cochamarca (ambos en Pasco) y Ancón I (Lima), mientras que los internos menos peligrosos están quedándose en el penal de Lurigancho.

05/02/2026