Una crisis política enfrenta el gobierno peruano tras la decisión del presidente José María Balcazar de posponer la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, por un valor de 3,500 millones de dólares.

El mandatario dijo que dejará la decisión al siguiente gobierno, que asume funciones el 28 de julio próximo.

Esta situación originó que los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Hugo de Zela y César Díaz, presentan sus renuncias debido a sus discrepancias con la decisión del Ejecutivo.

En entrevista con la cadena RPP, De Zela confirmó que presentó esta mañana su dimisión irrevocable a Balcázar, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados a pesar de que, según él, se suscribieron este lunes.

Balcázar señaló en la víspera que ambos ministros, así como el jefe del gabinete Luis Arriola, estaban «preocupados» por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior.

22/04/2026

El Ministerio de Deefensa informó sobre un «contundente golpe a la minería ilegal», acción que se realizó en Madre de Dios.

Según nota de prensa la acción ocurrió en los sectores de Balata y Playa Córdoba, en la provincia de Tambopata, donde efectivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intervinieron y destruyeron equipos valorizados en más de S/ 2.3 millones, utilizados para esta actividad ilícita.

El operativo fue ejecutado por tropas de la Segunda Brigada de Selva del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fiscalía Ambiental. La intervención se concentró en el distrito de Inambari, donde se identificaron puntos activos de extracción ilegal.

Durante la acción, se desmantelaron cinco pozas de gran tamaño y tres balsas draga. Además, se incautaron motores sumergidos, combustible, bombas de succión, alfombras, cilindros metálicos, tuberías y otros implementos clave para la operación minera.

En total, también se decomisaron más de mil metros de cuerda, tuberías metálicas y PVC de gran diámetro, entre otros materiales. Todo este equipamiento fue destruido e incinerado en el lugar, conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

Con esta intervención, el sector Defensa busca debilitar la logística de las redes criminales dedicadas a la minería ilegal, en beneficio del medioambiente y de la población.

20/04/2026

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar la presencia inmediata ante el Pleno del Parlamento de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Esta medida busca esclarecer las serias deficiencias operativas y demoras en la instalación de mesas registradas durante la votación del domingo 12 de abril.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, votó a favor de invitar con urgencia a Burneo y Corvetto. Los funcionarios deberán explicar las causas técnicas de los incidentes que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos en todo el país.

La primera moción recibió un respaldo unánime de diez votos para que ambos jefes entreguen un reporte documentado. Se espera que detallen las responsabilidades administrativas sobre los problemas logísticos, así como los criterios utilizados para contratar a los proveedores tecnológicos del software que presentó fallas.

Según el presidente del JNE existieron incidentes gravísimos causados por una ineficiencia organizativa que competía exclusivamente a la ONPE.

El magistrado indicó que la entidad tecnológica se comprometió a no usar herramientas digitales fallidas, pero finalmente no cumplió con dicho acuerdo pactado.

Burneo precisó que «la ONPE garantizó la entrega del material hasta las 2 de la tarde y se comprometió a no utilizar la herramienta digital denominada STAE». Sin embargo, los fiscalizadores habrían detectado previamente que los equipos informáticos y las impresoras no pasaron las pruebas necesarias.

Ante esta situación crítica, legisladores de diversas bancadas exigieron la intervención del Ministerio Público para custodiar el material electoral.

INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Y CONTRATOS DE SOFTWARE

La comisión aprobó una segunda moción para obtener facultades de grupo investigador por un plazo de 60 días calendario. El objetivo es auditar los procesos de selección de las empresas encargadas del soporte técnico y entender por qué no se contrató una auditoria internacional externa.

Durante el debate, se consultó sobre el número de fiscalizadores contratados y la falta de informes preventivos ante las fallas advertidas. Se enfatizó en que la falta de previsión en Lima Metropolitana generó un caos que puso en riesgo la transparencia del proceso electoral peruano.

Esta fiscalización parlamentaria determinará si existieron omisiones funcionales por parte de los altos mandos del sistema electoral. La citación ante el Pleno marcará el inicio de un proceso político que busca sancionar las irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril.

Por Dante Alva

20/04/2026